Corte avala que el ejército apoye tareas de seguridad en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de México, determinó este martes que el uso de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía civil en tareas de seguridad pública no contraviene la Constitución, con lo cual avaló el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador de emplear al cuerpo castrense para procurar paz y justicia.

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Con ocho votos a favor, uno parcialmente a favor y dos en contra, la decisión de la SCJN desechó una impugnación promovida por diputados de oposición. La mayoría de los magistrados consideró que el empleo de las FF.AA. en estas tareas no contribuye a lo que ciertos sectores políticos llaman “militarización del país”.

La ministra ponente en el examen de la impugnación, Margarita Ríos Farjat, recordó que el país hace frente a elevados índices de criminalidad. Agregó que la decisión de López Obrador está prevista en la Constitución (cuando se trata de casos extraordinarios) y también halla base legal en el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional.

Ríos Farjat valoró que las labores del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en este ámbito se realizan de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, lo cual también constituye un avance en materia de seguridad.

Señaló que se cumple lo previsto en la Constitución de emplear a las FF.AA. en estas labores mientras se integra, organiza y adiestra a la Guardia Nacional.

Respecto a la fiscalización, refirió que se trata de un proceso que llevan a cabo órganos internos de control civiles y el Congreso, ante el cual el jefe de Estado presenta un informe con carácter regular.

Consideró que esta fiscalización es efectiva, pues el Ejecutivo se obliga a describir en detalle el uso de las FF.AA. con “datos como nombramientos, despliegue territorial, situaciones en las que se intervino, entre otros”.

Durante el debate, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, negó que con esta resolución la Corte autorice la militarización de las tareas de seguridad pública.

Según medios locales, el Congreso federal estableció hasta marzo de 2024 el plazo para este apoyo de las FF.AA. mientras se integra la Guardia Nacional.

A inicios de octubre pasado, aprobó ampliarlo hasta 2028 y decidió crear una comisión bicameral para dar seguimiento a las actividades de las FF.AA. en tareas de seguridad pública.