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Jueces dan a conocer los considerados del fallo emitido el 6 de diciembre pasado. Cristina Fernández presentará su apelación.
El Tribunal Oral Federal 2 de Argentina dio a conocer este jueves los fundamentos del fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández en el juicio por la denominada causa Vialidad, mediante el cual se le pretende condenar a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para de ese modo proscribirla de la vida política e impedir su presentación a las próximas elecciones.
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De acuerdo con medios locales, se trata de un escrito de 1.616 páginas en el que se detallan los considerandos del fallo emitido el 6 de diciembre pasado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Previamente, la vicepresidenta argentina y representantes del Frente de Todos aseguraron que ella es víctima de persecución judicial y cuestionaron la imparcialidad del tribunal.
La propia Cristina Fernández lo calificó como un “pelotón de fusilamiento”. Giménez Uriburu ha sido denunciado por sus vínculos con el fiscal del caso, Diego Luciani, con quien jugaba al fútbol en la quinta del expresidente Mauricio Macri.
En cuanto a Gorini, fue cuestionado por sus contactos con otra representante de Juntos por el Cambio y ministra de Seguridad durante la gestión macrista, Patricia Bullrich.
A partir de la presentación detallada del veredicto, Cristina Fernández dispondrá de diez días hábiles para apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal y rebatir las acusaciones.
Según la prensa local, en Casación el veredicto será analizado por la sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Estos magistrados ya intervinieron en otras instancias de la causa Vialidad y se prevé que convoquen a las partes a audiencia para escuchar sus fundamentos. Con posterioridad, tendrán 20 días hábiles para resolver. Tras la instancia de Casación, la vicepresidenta argentina podrá recurrir ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la acusación, durante los Gobiernos de Ernesto Kirchner y Cristina Fernández (en el periodo 2003-2015) se adjudicaron de manera irregular obras públicas en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, con la intención de defraudar al Estado y apropiarse de parte de los fondos destinados a la construcción de infraestructuras.
La vicepresidenta argentina ha reiterado que la acusación está plagada de “hechos inventados, ocultamiento de otros, tergiversaciones y mentiras”, y que carece de material probatorio.
Por otra parte, ha señalado que los jueces y el fiscal no pudieron replicar ni desmentir los argumentos de su abogado Carlos Beraldi, que echó por tierra las acusaciones.
El martes pasado, durante un homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo, Cristina Fernández comparó la situación de la dictadura con la actualidad. Expresó que hoy existen “otras formas más solapadas y más sutiles de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país y un mundo diferente puede ser posible”. Añadió que la derecha política ya no utiliza tanques, sino tribunales, y que actúa en complicidad con los medios de comunicación hegemónicos.
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