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La presidenta hondureña, Xiomara Castro, solicitó un informe del “violento desalojo ordenado judicialmente”.
El Gobierno de Honduras anunció este miércoles que iniciará una investigación sobre el desalojo judicial de las comunidades garífunas reportado este lunes mientras exigió justicia para las mismas.
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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó un informe del “violento desalojo ordenado judicialmente”, entretanto, aseguró que no fue informada de manera previa a la ejecución de la acción.
En este sentido, la jefa de Estado destacó que los garífunas “reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a derechos humanos”.
He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 8, 2022
De igual forma, la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, afirmó que los sucesos ocurridos en el sector de Punta Gorda contravienen los derechos protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del cual Honduras es signataria.
Por su parte, el canciller hondureño exigió respeto a los Convenios Internacionales, a los derechos humanos de los pueblos originarios, garífunas y afro hondureños mientras reclamó la liberación de las personas detenidas.
Condenamos violento desalojo judicial de tierras ancestrales de la Comunidad Garifuna de Punta Gorda, exigimos respeto a Convenios Internacionales, a los derechos humanos de los pueblos originarios, garífunas y afro hondureños, así como la liberación de las personas detenidas.
— Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) November 8, 2022
A su vez, el expresidente Manuel Zelaya apuntó que “esas tierras pertenecen a los pueblos negros (garífunas), de Punta Gorda. Son derechos ancestrales y la jueza de Roatán debió instar un proceso y no ordenar un desalojo, ni criminalizar los garífunas”.
La Policía desalojó este lunes en la isla de Roatán de manera violenta a la comunidad afroindígena más antigua de la nación centroamericana y realizó varios arrestos arbitrarios a líderes y lideresas.
